En primer lugar, exigimos que las cuestiones relativas a derechos sociales básicos como la vivienda, los servicios y prestaciones sociales o el empleo no sean materia de disputa electoralista. Con casi un 25% de personas desempleadas, con miles de familias asfixiadas por las hipoteca, más de 5.000 desahuciadas, con el recorte de servicios y prestaciones sociales, con el incremento de la pobreza, etc., creemos que son prioritarias medidas urgentes y contundentes que atajen la situación. Para ello, exigimos que todos los partidos se comprometan a cumplir una serie de cuestiones. Entre ellas:
-Aprobar una moción municipal para exigir al gobierno central la regulación de la dación en pago para las familias con imposibilidad de hacer frente al pago hipotecario.
-Establecer medidas de mediación entre entidades financieras y familias hipotecadas, para evitar embargos y desahucios.
-Elaborar un censo de viviendas vacías, embargadas o en propiedad de los bancos, para ponerlas a disposición de la sociedad en régimen de alquiler social, avalado por la administración.
-Compromiso de reclamar a la Generalitat la agilización de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Compromiso de que tengan acceso a la misma el máximo de personas posible con derecho a ella.
-Creación de bolsas de trabajo municipales por barrios o distritos, gestionadas por personal técnico municipal, y supervisadas por entidades sociales, vecinales y sindicales.
-Promoción de la formación ocupacional en materias de economía sostenible y comunitaria (energías renovables, rehabilitación de viviendas, gestión de residuos y reciclaje, oficios tradicionales, agricultura ecológica,…) para personas desempleadas.
-Medidas de promoción y apoyo a la creación de empresas cooperativas de desempleados. El Ayuntamiento facilitará medidas de financiación y asesoramiento, así como contratos públicos para servicios, en detrimento de las empresas privadas, que multiplican los costes al extraer grandes beneficios.
-Por supuesto, un recorte general de los gastos superfluos municipales, así como un incremento del gasto en servicios sociales básicos de forma pública, y no privatizando o subcontratando con empresas privadas. Reducción de puestos de trabajo no productivos (asesores, directivos, altos cargos…), reducción de gastos en publicidad y eventos. Linealidad en los salarios públicos, recortando los sueldos más elevados y subiendo los más bajos.
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